Mucho se habla de la meritocracia en nuestro país, pero siempre salen a la luz eventos que demuestran que el concepto ha sido manoseado e instrumentalizado por todos los gobiernos. Una muestra de aquello fue el acuerdo político entre la Democracia Cristiana y el gobierno de Piñera, y por el cual se designó a Sergio Micco como Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); quien como abogado, máster en Ciencia Política y doctor en Filosofía nunca ha sido un referente disciplinar, académico o profesional en materia de Derechos Humanos.

Pues bien, con independencia a las críticas que se le puede hacer a lo que ha sido su gestión en el INDH., y especialmente tras el Estallido Social, sus últimas declaraciones han evidenciado que su conocimiento sobre los derechos humanos, desde la lógica disciplinar y teóricos, son altamente deficiente respecto a lo que se espera de alguien que ostenta tan importante cargo. Lo anterior, se demuestra a partir de sus dichos en los que condicionó la aplicación de los derechos humanos a los deberes de las personas.

Ante esto, debo señalar que las palabras de Micco son contradictorias a la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos. En ellas se ha asentado, y como principio y norma ius cogens, que el respeto a los derechos humanos no está sujeto a alguna condición. Lo anterior, en función que los derechos humanos son inherentes a las personas y emanan de su propia dignidad.

Así entonces, condicionar la aplicación de los derechos humanos a los deberes de las personas demuestra una peligrosa ignorancia, especialmente en tiempos en donde los derechos humanos se han vulnerado en nuestro país producto del actuar de agentes del Estado durante el Estallido Social y, también, por algunas decisiones políticas adoptadas por el gobierno a la hora de combatir la pandemia.

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